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Infografía que muestra los datos más relevantes sobre el Financiamiento para vivienda en ALC con enfoque de género

Infografía que muestra los datos más relevantes sobre la autoproducción de vivienda en la región, con enfoque especial en México.

En América Latina y el Caribe (ALC) las dificultades de acceso al financiamiento de vivienda son exacerbadas por las brechas de género: las mujeres tienen menores posibilidades de adquirir propiedad y vivienda de calidad debido a prácticas socioeconómicas y culturales, así como a la ausencia o el bajo impacto de políticas con enfoque de género (Olloqui, Andrade y Herrera, 2015). A manera de ejemplo, a nivel mundial solo el 58% de las mujeres tiene una cuenta en una institución financiera formal, en comparación con el 65% de los hombres; mientras que en la región de ALC, según el Banco Mundial, sólo el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria.

A pesar los avances en el acceso a vivienda de las últimas décadas en América Latina y el Caribe, las mujeres enfrentan mayores barreras que los hombres para conseguir alternativas de financiamiento que les permita adquirir una casa propia. Esta brecha de género es una problemática transversal de la inclusión financiera: según el Banco Mundial, sólo el 49% de las mujeres en la región tiene una cuenta bancaria, mientras que a nivel mundial el 58% de las mujeres tiene una cuenta en una institución financiera formal, en comparación con el 65% de los hombres. 

La autoproducción de vivienda es un “conjunto de procedimientos constructivos y organizativos orientados a la intervención y transformación directa del hábitat residencial por parte de sus habitantes, de acuerdo con sus propias necesidades, intereses y recursos” (INVI, 2005). Teóricamente, la autoproducción puede darse planeada o espontánea. En América Latina, no obstante, la mayoría de los casos de autoproducción corresponden a asentamientos informales, mejor conocidos como “campamentos”, “favelas” o barrios informales, levantados por sus propios habitantes sin ejercicios de planeación previos.

En América Latina, la autoproducción de vivienda es comúnmente relacionada con procesos de asentamientos informales de vivienda en los que población vulnerable, con recursos limitados y sin capacidad de acceder a mercados de vivienda formales, autoconstruyen sus residencias. Favelas, campamentos, barrios informales, son algunos de los nombres que describen estas urbanizaciones. La tenencia insegura de la propiedad, la inapropiada disponibilidad de espacios o servicios públicos y la vulnerabilidad de la vivienda a lluvias, terremotos, vientos huracanados u otros fenómenos naturales, son algunas de las vulnerabilidades que enfrentan las personas que habitan estos inmuebles. 

A pesar de los avances de los últimos años -especialmente en países como Brasil, Chile, Colombia México y Uruguay-, el déficit habitacional en América Latina y el Caribe (ALC) se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la última década (ONU-Hábitat, 2015). No obstante, el arrendamiento como tipo de tenencia ha tenido un aumento sostenido desde el año 2000. De acuerdo con la CEPAL, para 2019, el 21% de los hogares urbanos en ALC vivía en arrendamiento.

El arrendamiento, como opción habitacional, debería ser tan deseable, legítima y asequible como la propiedad. Si bien países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, han implementado políticas de subsidio al arrendamiento, todos los casos han encontrado que, a pesar de la gran demanda, la oferta de vivienda social para el alquiler es poca. 

Infografía con los datos más relevantes sobre las políticas del alquiler para vivienda social en la región de América Latina y el Caribe, con especial atención en Chile; así como otros países fuera de la región.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, un compendio de 17 objetivos que permitirán al mundo mejorar la vida de todos los habitantes sin dejar a nadie atrás. Los objetivos que parten de la erradicación de la pobreza hasta conceptos como la paz y la justicia pasando por equidad de género, y fueron suscritos por los 193 países de la asamblea general. Entre los objetivos planteados, el objetivo 11, define como prioridad el fomento de ciudades y comunidades sostenibles, con metas asociadas a transporte sostenible, protección al patrimonio y reducción de riesgos, pero también, a vivienda segura y accesible, urbanización sostenible y espacios públicos verdes, seguros e incluyentes.